ABN.- El rector principal del Consejo Nacional Electoral Germán Yépez reiteró este martes que al CNE le corresponde acatar la decisión tomada por la Contraloría General de la República en relación al caso de las inhabilitaciones políticas.

Así lo manifestó desde el programa Dando y Dando, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

Destacó el rector que el CNE no está violentando derecho alguno, sino que está acatando una medida de otro órgano del Estado Venezolano, en este caso de la Contraloría General, que fue quien hizo la investigación pertinente para determinar tal sanción.

Recordó a los afectados que sientan que han sido vulnerados sus derechos que el órgano jurisdiccional al que les corresponde acudir es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Aquí no se le está negando el derecho a la participación a nadie. Vayan a los tribunales correspondientes, defiéndanse, logren demostrar su inocencia y demostrado eso evidentemente su participación en el proceso electoral estará establecida,” precisó Yépez.

En relación a las declaraciones emitidas por algunos afectados por esta medida, entre ellos el alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, Yépez aclaró que “no es que se les ha suspendido los derechos políticos ni tampoco se han sometido a alguna penalización donde se les prive de libertad”.

Explicó que las personas que han sido sancionadas no pierden sus derechos políticos, al contrario, indicó que “siguen sosteniendo sus derechos a votar, a organizarse, a manifestar y a opinar”.

Recordó que la Contraloría está encargada de evaluar, fiscalizar y garantizar el buen manejo de los recursos públicos, y que si alguien en el ejercicio de sus funciones manejó de manera inadecuada o violó leyes en el manejo de esos recursos, lo que hace el Estado venezolano para resguardar sus intereses, a través de la Contraloría, es sancionar administrativamente a esa persona.

En este sentido reconoció la legalidad de la medida tomado por la Contraloría citando el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, que le da a éste organismo la competencia para que adelante investigaciones sobre el comportamiento de los funcionarios tanto electos como designados en el manejo de los recursos públicos.

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